El pasado 22 de noviembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, hidráulico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, puertos y aeropuertos, entre otros.
En el documento se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que se otorgue la autorización provisional, previa obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias, para iniciar los proyectos y con ello garantizar su ejecución oportuna y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
Las autorizaciones provisionales serían otorgadas dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles y, en caso de no tener respuesta alguna por parte de la autoridad, se dará por hecho que la resolución es positiva (afirmativa ficta).
Estos permisos temporales contarán con una vigencia de doce meses a partir de la fecha de su otorgamiento, tiempo en el cual se deberá iniciar los trámites para la obtención de la autorización definitiva.
COFECE advierte riesgos en materia de competencia
Al respecto, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) advirtió que el Acuerdo podría generar riesgos en materia de competencia y libre concurrencia, porque otorga trato preferencial a una amplia gama de proyectos a cargo del Gobierno Federal que, conforme al mismo, califiquen como de interés público y seguridad nacional.
Expuso que la autorización provisional y el uso de la afirmativa ficta, podría otorgar un trato asimétrico y preferente respecto de proyectos públicos y privados, a propósito del cumplimiento de trámites y requisitos establecidos en función de riesgos.
La COFECE indicó que, si un proyecto es calificado de interés público y de seguridad nacional, conforme al Acuerdo, no significa que las contrataciones impliquen una excepción a la licitación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Consideró que se debería de privilegiar el uso de la licitación pública, con la finalidad de que el Estado esté en posibilidad de obtener las mejores condiciones de contratación.
Barra Mexicana de Abogados considera que violenta la división de poderes
A su vez, la Barra Mexicana de Abogados, expresó su preocupación porque dicho Acuerdo violenta la división de poderes y pretende imponerse indebidamente sobre las leyes del Congreso de la Unión.
Señaló que, en materia económica, en vez de promover la competitividad, más bien genera competencia desleal y también contraviene las disposiciones en impacto ambiental, desarrollo sustentable, consulta y progresividad en materia de derechos humanos.
Los abogados solicitaron al Poder Ejecutivo Federal dejar sin efecto el citado Acuerdo en respeto al Estado de Derecho.
Guardianes de la Constitución
La agrupación Guardianes de la Constitución de la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana), se sumó a órganos autónomos, legisladores, organizaciones sociales, académicos, expertos y ciudadanos en general que han señalado con diversos argumentos lo inadecuado y perjudicial que resulta el Acuerdo Nacional de Promoción de Infraestructura.
Por ese motivo, Guardianes de la Constitución decidió activar estrategias y acciones a través de su Observatorio Nacional para que se respete y cumpla la Constitución. Indicó que estudian con expertos la posibilidad de interponer juicios de amparo y/o apoyar a quienes decidan hacerlo al verse afectados por las disposiciones del decreto.
A través de la figura del amicus curiae (amigos de la Corte) apoyarán con argumentos técnicos y jurídicos sólidos las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que ya se han anunciado por parte de órganos autónomos y de integrantes del Poder Legislativo.
