Recientemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó una iniciativa de reforma a los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se busca conferir mayor control de la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo cual, según los analistas, podría repercutir en diversos sectores, entre ellos el de la construcción.
El Artículo 25, en su versión actual, menciona que “la competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”[1]. No obstante, también se indica que que el sector público se habrá de encargar, de forma exclusiva, de las áreas estratégicas como correos, minerales radiactivos, litio, generación de energía nuclear, electricidad, así como la exploración y extracción del petróleo.
Entre otras modificaciones, la CFE se convertiría en un organismo del Estado responsable de la planeación y control del sistema eléctrico nacional, con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración.
En cuanto al artículo 27 constitucional, expone que el Estado quedaría a cargo de la transición energética y establecería políticas públicas científicas, tecnológicas e industriales, el impulso de financiamiento y la planeación energética sustentable.
Por su parte, las modificaciones al artículo 28 darían lugar a un esquema en el que la CFE generaría como mínimo el 54% de la energía y el 46% restante lo despacharían generadores privados que sean reconocidos por la CFE, “por haber sido Productores Independientes de Energía (sin excedentes), proyectos construidos bajo el régimen de la Ley de la Industria Eléctrica y/o centrales eléctricas de autoabastecimiento ‘auténtico’, es decir, que no hayan vendido electricidad a terceros que no sean parte de su grupo corporativo”, indica el documento Iniciativa de (contra)reforma constitucional en materia energética, según Bernardo Cortés, del despacho Cortés Quesada Abogados.
A partir de estas posibles modificaciones en la Constitución, podrían verse algunas repercusiones en la construcción. “Es una iniciativa que desde luego impacta, a mi parecer, a todos los sectores y a todas las industrias, ya sea directa o indirectamente. En el caso de la construcción, considero que el impacto es indirecto, creo que ese impacto se puede dar desde dos puntos de vista: uno, en cuanto a insumos de la industria. La electricidad podría ser, en algunos proyectos, un insumo clave para poder realizar las actividades propias de la industria de la construcción, sobre todo porque hay algunas que son bastante intensivas en cuanto al tema eléctrico”, explicó Bernardo Cortés Araujo, socio en Cortés Quesada Abogados, y especialista en temas jurídicos sobre energía.
El segundo impacto que se vería, señaló, se refiere a las oportunidades de negocio o a las actividades que se pudieran generar, porque finalmente se regresa a un esquema en el que las empresas privadas estarían prácticamente prohibidas para construir cualquier tipo de proyecto de generación de energía y por lo tanto, solo habría un jugador en el mercado, que es CFE, pero aún no queda muy claro cuáles proyectos considerará en su plan de negocios.
“En cierta manera, se restringe la posibilidad de que las constructoras puedan buscar oportunidades de negocios en un sector que antes estaba abierto y que había demostrado ser de gran eficiencia y oportunidad hacia un sector privado, para regresar a un esquema anterior (sic), no solamente al de 2013 sino al de 1992, donde simplemente dependes de que CFE saque proyectos para poder realizar construcciones o desarrollo y construcción de proyectos de generación de energía”, expuso Bernardo Cortés.
En entrevista, comentó que en transmisión y distribución de energía también existiría una restricción aunque es menor. Mencionó que con la reforma de 2013 la transmisión y distribución de energía se mantuvieron como actividades estratégicas, pero había la posibilidad de entablar alianzas con el sector privado para construir, desarrollar y mejorar dicha infraestructura; si entra esta nueva reforma, implicaría que esas posibilidades de alianza con el sector privado quedaran prácticamente derogadas, lo cual lleva a un esquema similar al de generación, al depender de los proyectos que CFE decida realizar.
Por otra parte, en los últimos años se han dado avances en la integración de energías limpias en las edificaciones, ya que en varios desarrollos inmobiliarios se han adaptado, por ejemplo, paneles solares para la generación de energía eléctrica, pero la iniciativa de reforma indica que la CFE deberá ser la única instancia que genere energía eléctrica, por lo que no queda claro el tema acerca de los contratos de interconexión que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó.
Al respecto, Bernardo Cortés, indica: “El regresarle el poder de mercado a CFE no solamente implicaría que hay un solo jugador en el mercado y que se restringe la competencia, sino que tiene un importante elemento de cambio climático, que también es un impacto derivado porque el portafolio de generación de CFE en energías renovables es muy reducido, prácticamente o la gran mayoría de los proyectos de energías renovables son de privados”.
Por otro lado, mencionó que la CFE no tiene ningún tipo de plan que permitiera inferir que invertirá en nuevas tecnologías o en energías renovables, “entonces, de cierta manera, el hecho de que implementes esta reforma, sí implicará un retroceso en temas de cambio climático y de energía con base en fuentes renovables”, apuntó.
En este sentido, cabe mencionar la preocupación que ha habido acerca de los proyectos de empresas extranjeras que han invertido en el sector energético en México, específicamente en la creación de plantas de generación de energía limpia.
“En algunos casos extremos pudiera representar una expropiación indirecta porque se le resta prácticamente todo el valor a su inversión, sobre todo tratándose de fuentes o plantas que se rigen bajo el autoabastecimiento, bajo un esquema que era, inclusive, anterior a la reforma de 2013 y al no reconocerse la capacidad o la disponibilidad de energía que tienen o que generan hace que estas plantas se vuelvan prácticamente chatarra y por lo tanto no tengan valor alguno. Entonces es una pérdida prácticamente total del valor de su inversión”, señaló Bernardo Cortés.
En otros casos se podría dar una pérdida sustancial de la inversión, porque los permisos y los contratos otorgados hasta ahora, podrían considerarse cancelados, lo cual significa que ya no se tendría un instrumento contractual que permita anclar la inversión para tales empresas.
“Al cancelar estos contratos de largo plazo, de cierta manera, dejas en un estado de incertidumbre a los inversionistas para saber cómo le van a sacar valor a su inversión. El gobierno ya comentó que CFE le va a poder comprar a esos privados bajo la proporción 54/46 por ciento, sin embargo, no han dicho bajo qué estándares o bajo qué términos es que se les va a comprar a los privados porque finalmente ya no tienen un contrato”, advirtió Cortés Araujo.
Ante la pregunta de si, bajo el amparo del T-MEC, algunas empresas podrían acudir a instancias internacionales para poder defender su inversión, el especialista afirma que México a lo largo de los años ha adquirido compromisos comerciales, ya sea a través del Tratado de Libre Comercio o de tratados bilaterales de inversión en los que se comprometió a mantener o a proteger las inversiones realizadas por inversionistas extranjeros en el país.
“Con esta reforma se estarían violando algunos de esos principios o algunas de esas protecciones y por lo tanto, las empresas extranjeras o los inversionistas extranjeros sí tendrían un recurso internacional para acudir o para reclamar los daños que les causa esta medida en un arbitraje de inversión”, apuntó.
[1] N. de la E.: recalcamos la mención a la competitividad en este artículo constitucional porque la propuesta de reforma actual pretende eliminar toda competencia posible a la CFE.
