La industria de la construcción es uno de los sectores principales de la economía mexicana y el más importante en cuanto a valor de mercado en toda América Latina.
Es una actividad que atrae una gran cantidad de inversión pública y privada, de lo que resulta una alta tasa de generación de empleo y promueve la actividad económica de sectores conexos por su demanda de insumos. En 2020, el ramo de la construcción contribuyó con alrededor del 6.3% del Producto Interno Bruto (PIB) de México.
Sin embargo, el sector de la construcción es responsable de consumir el 50% de los recursos naturales, el 40% de la energía y de generar el 50% del total de los residuos.
Los constructores deforestan montañas para extraer hierro, sílice y oxido de aluminio para producir varillas, cemento y cal. Además, usan la madera para cimbra o muebles.
El 50% de los materiales que se utilizan en la construcción provienen de la corteza terrestre como el tezontle, la grava, el tepetate y muchos otros. También consume una gran cantidad de energía para calentar hornos industriales que alcanzan los 1700°C para producir cemento, acero, cal, tabiques, vidrio, aluminio y otros.
En el proceso de extracción de minerales hay un gran desprendimiento de gases contaminantes. Solo por citar un ejemplo, para producir cemento, se extrae la calestra en un calcinador instantáneo y tan solo en 5 segundos libera el 95% del bióxido de carbono (CO2) presente en el polvo mediante una reacción química para separar la cal, que es el elemento más importante del cemento.
El Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles señala que la industria de la construcción y demolición es el sector que más volumen de residuos genera, pues es responsable de la producción de más de una tonelada de residuos por habitante cada año.
Impuestos ambientales
Los impuestos ambientales pueden diferenciarse de otros impuestos debido a que en muchos casos su finalidad principal no es recaudatoria, sino que se pueden utilizar para corregir externalidades negativas, desincentivar cierto tipo de comportamientos o para hacer más atractivas ciertas tecnologías o productos.
Estos impuestos pueden ser por: ruido, emisiones de CO2, manejo de tierra, suelo y recursos naturales, minería, uso y gozo de recursos naturales, emisiones de otro tipo de gases por actividades como la incineración comercial, el tratamiento de aguas residuales y el manejo de desperdicios.
También hay impuestos relacionados con vehículos, como lo pueden ser la tenencia vehicular y la importación de autos o aquellos que se imponen a gasolinas, diésel, keroseno, biodiesel y otro tipo de combustibles, así como impuestos sobre vuelos comerciales y por consumo de electricidad industrial.
Impuesto verde en la construcción
La Reforma Fiscal 2022 en Nuevo León causó inconformidades en productores de arena y grava, quienes elevaron los precios de la tonelada de sus productos en más de 100 pesos y responsabilizaron al gobierno estatal por los impuestos verdes que entraron en vigor a partir del 1 de enero.
El gobernador, Samuel García Sepúlveda, explicó que los impuestos verdes que contempla la Reforma Fiscal 2022 no tienen tinte recaudatorio, sino más bien regulatorio para todas aquellas empresas y fábricas que contaminan el medio ambiente.
“Los impuestos verdes es lo que se llama impuestos regulatorios, no buscan recaudar, más bien lo que quieren es incentivar a las empresas y fábricas que contaminan a invertir en filtros, calderas o en procesos verdes en lugar de pagarle al estado una cuota”, indicó.
En un video difundido en la página web del gobierno de Nuevo León, expuso que gran parte de los cerros de Nuevo León han sido carcomidos por pedreras, que los explotan para la extracción de materiales del subsuelo, procesos en los cuales contaminan la ciudad.
“Gran parte de lo contaminado y gris de Santa Catarina, San Nicolás, Monterrey y San Pedro es por las partículas PM2.5 y PM10 que sueltan las pedreras. Pero, además, cuando terminan esa zona explotada, deja un suelo erosionado que va a contaminar de por vida con cualquier viento a la ciudad”.
Precisó que a las pedreras se les van a cobrar 1.5 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), que equivalen a 134 pesos, por tonelada del material que extraigan y con ese dinero se buscará reforestar para atenuar el daño hecho a las montañas, “pero la idea es que en algún punto las pedreras digan, mejor voy a reforestar o mejor voy a cuidar el proceso para dejar de pagarle al Estado”.
A final de cuentas, el gobierno estatal otorgó “facilidades administrativas” para exentar o reducir los montos a cubrir por el impuesto verde a pedreras que destinen su material para el autoconsumo o para satisfacer las necesidades de aquellos que forman parte de la cadena productiva de transformación.
Riesgos, estado actual y siguientes pasos
Por su parte, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) manifestó, a través de su presidente nacional, la preocupación de que este impuesto genere impactos adicionales en los precios de los materiales de construcción que se producen en Nuevo León, los cuales afectan también a otras zonas del país, por lo que buscarán una reunión con el gobierno estatal.
Aún cuando la CMIC, a través de su presidente nacional, Francisco Solares, reconoce que la intención de este impuesto es mejorar el medio ambiente, manifiesta que el efecto que puede generar es frenar el crecimiento económico y ser un inhibidor al desarrollo de la industria de la edificación y la vivienda en el país, pues al parecer, en algunos casos el monto del impuesto es más caro que el valor del material para construcción y eso afecta directamente a los consumidores finales. No obstante, las empresas afiliadas a la CMIC cumplen con acciones de mitigación de emisiones al ambiente, comentó.
A la fecha, ya se han dado al menos 11 amparos en contra de este impuesto, incluyendo entre las empresas que lo solicitaron a Petróleos Mexicanos, un hospital y nueve pedreras, por considerar que la medida es violatoria de sus derechos constitucionales. Ante ello, los diputados locales han planteado que se establezcan mesas de diálogo multidisciplinarias, que incluyan las perspectivas de ambientalistas, académicos, analistas de impuestos, además de las de los demandantes y el gobernador Samuel García, con el fin de llegar a acuerdos que contribuyan a la mejora efectiva del problema de contaminación.
